La política de respeto hacia los indígenas no contactados que Bolsonaro ha puesto en riesgo

La política de respeto hacia los indígenas no contactados que Bolsonaro ha puesto en riesgo

Irene Larraz

Rita es la única de su comunidad en contacto con personas de fuera. Pertenece a los piripkura, un pueblo indígena del estado de Mato Grosso, en Brasil, y uno de los 114 pueblos indígenas aislados o no contactados que tiene identificados la Fundación Nacional del Indio (Funai) en ese país.

"Hay mucha gente caminando aquí. Los van a matar a los dos", dice Rita al hablar de su hermano Baita y su sobrino Tamandua, que viven aislados en la selva. Teme que las mafias madereras y los invasores ilegales los asesinen como a otros nueve familiares que murieron en un ataque. Ahora solo quedan ellos de su tribu. "Si los matan, ya no hay más", relató a la organización Survival International.

La muerte del llamado 'indio del agujero' hace unas semanas, el último de los tanaru, saltó a los medios, y el mundo volvió a mirar con admiración la política de respeto a las comunidades no contactadas que mantiene Brasil desde la década de los ochenta. Pero la Funai, responsable de velar por este derecho, no tiene capacidad para supervisarlos a todos, y la legislación rara vez se cumple en muchos de estos territorios. Mientras, las mafias se adentran en la selva y arrasan con las poblaciones que la habitan.

Elias Bigio, indigenista y presidente da Operação Amazônia Nativa (OPAN), considera que la política de no contacto y respeto hacia la autodeterminación de estos pueblos es buena, pero hace falta que se cumpla. "Lo que necesitamos es garantizar la protección, con una vigilancia de los territorios habitados por estos grupos para que no haya invasiones. Hay grupos que están en constante fuga por esa experiencia traumática", relata.

"Es muy buena política, es la única posible para que los pueblos indígenas no contactados puedan vivir y sobrevivir de la manera que elijan. El problema es que no está siendo respetada, y la solución es hacer que se cumpla", añade Sarah Shenker, investigadora de Survival.
La política de no contacto hacia los indígenas aislados: un legado de varias décadas pendiente de un hilo

De los piripkura, el pueblo de Rita, se desconoce hasta su verdadero nombre. Los pueblos vecinos empezaron a llamarlos así por su forma de caminar por el bosque: 'la gente de las mariposas'. Eran 20 la primera vez que la Funai los encontró a finales de los ochenta, tras varias masacres. Después de ese contacto, volvieron a adentrarse en el bosque.

Las políticas brasileñas respecto a los pueblos indígenas no contactados han ido evolucionando desde lo que la Funai define como los "ideales asimilacionistas" del Estatuto del Indio, que buscaba integrarlos para «superar la condición indígena», hasta las políticas de respeto a sus modos de vida a partir de 1987, "alejándose del concepto de contacto obligatorio para su protección" y avalando su autodeterminación.

Desde entonces, estas medidas, que incluyen también a grupos que tras ser contactados deciden mantenerse aislados sin relacionarse con el resto de la sociedad o con poca interacción, permiten restringir el acceso a ciertos territorios, y obligan al Gobierno a tomar medidas para protegerlos (art. 7, Decreto No 1775/96), fijando condiciones para que los funcionarios puedan localizar a estas comunidades y darles seguimiento.

Durante el actual Gobierno las expediciones de la Funai se han limitado, dice Shenker, que explica que con ellas se buscan evidencias de los no contactados. "No para hacer contacto con ellos, porque ese no es su objetivo, sino para ver dónde están, si están bien, si hay invasores... Es un trabajo que hay que hacer con mucho cuidado para no llegar cerca".

Bigio coincide. "Es un trabajo muy delicado, evitando el contacto, pero describiendo y registrando los lugares donde cazan, pescan, recolectan, donde tienen aldeas o campamentos provisionales".

En 1998, la Constitución asentó estos derechos de los pueblos indígenas, colocando su protección (art. 231) y la defensa de sus derechos (art. 232) como un deber del Estado. Pero algunas de las consecuencias de la primera oleada de políticas "universalizadoras" dejaron una huella que todavía no se ha borrado. Como los problemas de salud y de enfermedades infecciosas que genera el contacto en estas comunidades, que se ha hecho de nuevo evidente a raíz de la pandemia, con grupos contagiados en estos territorios.

La gran amenaza llegó con el Gobierno de Jair Bolsonaro, en un "ataque constante hacia los derechos de los pueblos indígenas", según las organizaciones como Survival. Citan un ejemplo: entre los peligros del contacto que subraya la Funai está también "la presencia de misioneros que realizan proselitismo religioso en tierras indígenas", como recogen en su web. Sin embargo, el Ejecutivo designó al frente del departamento de los pueblos indígenas no contactados al pastor evangélico Ricardo Lopes Dias, que durante 20 años formó parte de la Misión Nuevas Tribus de Brasil para la evangelización indígena.

Survival dedica un apartado específico para "los últimos de su pueblo". Al igual que el indio tanaru o los piripkura, la organización identifica en peligro a los kawahiva, de quienes "se piensa que dejaron de tener hijos porque siempre están huyendo de madereros", o los korubos, entre los que la Funai identificó a 30 en 1996.

La desaparición de los pueblos indígenas ha pasado a ser vista como una "contingencia histórica, algo lamentable pero inevitable", en palabras de la Funai. Esta caída ya se deja ver en el censo que está llevando a cabo el Gobierno. A falta de dos meses para terminarlo, las autoridades han contabilizado a 450.140 indígenas, casi la mitad de los 896.917 que había en el censo de 2010.
Restricciones a punto de expirar y zonas sin demarcación: las carencias de la política de no contacto

Para algunos pueblos, el resguardo de su territorio se materializa en ordenanzas de protección territorial, "una regulación que se utiliza para proteger legalmente los territorios de los pueblos indígenas no contactados que aún no han pasado por el largo proceso de demarcación", según aclara el Instituto Socioambiental.

Pero hay otros pueblos que todavía están en ese proceso de delimitación, que se va retrasando y otros en los que, aunque la tienen, no funciona o está a punto de expirar. Son estas zonas las que se han visto más afectadas por el acoso de madereros, ganaderos y otros invasores que han ido comiendo terreno a las selvas, alentados por el Ejecutivo.

La ordenanza de los piripkura expira el 4 de octubre, tras una prórroga de apenas seis meses, como explican desde Survival. Este pueblo tiene una territorialidad específica de 230.000 hectáreas, con referencias geográficas bien definidas y registrada desde 1985.

Pero no han tenido efecto. De hecho, el Instituto Socioambiental documentó la escalada de invasiones para deforestar su tierra y registró la tala de 12.426 hectáreas, lo que equivale a más de siete millones de árboles talados. Las imágenes que tomaron mediante sobrevuelos y vía satélite muestran las explotaciones ilegales. Una quinta parte de este retroceso forestal se ha producido solo en los dos últimos años.

La tala no es la única amenaza: entre julio y septiembre de 2021 los incendios degradaron 4.153,2 hectáreas de los piripkura en fuegos ilegales para ganar terrenos a la selva y dedicarlos al pasto y la ganadería. Esto ha llevado a que haya un aumento en las inscripciones irregulares en el Registro Ambiental Rural dentro del territorio. Según el informe, solo en 2020 registraron 131.870 hectáreas a nombre de usurpadores, un aumento del 182% respecto a al año anterior. Son los okupas de la selva.

Bigio señala también a la pesca ilegal y a las hidroeléctricas como causantes, y subraya que en numerosos casos, estos impactos son irreversibles. "Hay tierras indígenas identificadas y declaradas como tierra indígena que todavía no están demarcadas y continúan siendo víctimas de mucha invasión. Faltan esas acciones; durante este Gobierno no ha demarcado ninguna tierra indígena", señala.

Aun así, con todas sus deficiencias, tanto Bigio como Shenker resaltan que la política de no contacto ha sido muy útil para fijar límites. "No se trata de que estén aislados, sino que es lo que ellos desean y es un derecho que hay que respetar", añaden.
Fuentes

Elias Bigio, historiador e indigenista da Operação Amazônia Nativa (Opan) y excoordenador de Índios Isolados e Recém Contatados (CGIIRC)

Sarah Shenker, investigadora de Survival International

Apelo urgente: Rita Piripkura denuncia iminente extermínio do seu povo, Survival International

Nota de pesar - Índio Tanaru, Funai

Um símbolo do genocídio indígena: "o último de seu povo" morre no Brasil, Survival International

Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, Funai

Destruição avança e ameaça indígenas isolados Piripkura, Survival International

Povos isolados, Survival International

Povos Isolados, Funai

Decreto No 1775/96

Constitución de Brasil, Acnur

Nombramiento de Ricardo Lopes Dias, Funai

Censo 2022 já registrou a presença de 450 mil indígenas no país, Funai

Pueblos indígenas - Quiénes son, Funai

Piripkura: uma terra indígena devastada pela boiada, Instituto Socioambiental

Cercos e resistências: povos indígenas isolados na Amazônia brasileira, Instituto Socioambiental

Antes sós do que mal acompanhados: contato e contágio com povos indígenas isolados e de recente contato no Brasil e desafios para sua proteção e assistência à saúde, Douglas Rodrigues

Estatuto del Indio (Ley 6001/73)

Povos indígenas isolados em Mato Grosso, Operaçao Amazonia Nativa

https://www.newtral.es/indigenas-no-contactados-brasil/20220918/