Los mineros furtivos acosan a los yanomami un año después de la megaoperación del Gobierno Lula para expulsarlos

Los mineros furtivos acosan a los yanomami un año después de la megaoperación del Gobierno Lula para expulsarlos

Joan Royo Gual

26/01/2024

Hace justo un año, las imágenes de niños de la etnia yanomami famélicos con las costillas a la vista dejaron en shock a buena parte de Brasil. Era la fotografía de una crisis social provocada por las actividades de los mineros furtivos que en los últimos años invadieron el territorio yanomami, una enorme región de selva amazónica del tamaño de Portugal donde viven unos 28.000 indígenas. Muchos de ellos conviven con el acoso constante de los buscadores de oro, que contaminan los ríos con mercurio, acabando con la pesca, su principal fuente de alimentación, y llenan las aldeas de enfermedades contagiosas, amenazas y todo tipo de violaciones. Una de las primeras medidas del Gobierno de Lula al asumir el poder en enero de 2023 fue lanzar una macrooperación para expulsar a los garimpeiros. Un año después, los indígenas sostienen que la situación ha mejorado levemente, pero el problema continúa.

La mayoría de los 20.000 garimpeiros que horadaban la selva y los ríos con barcazas y maquinaria pesada salieron a toda prisa en los primeros meses del año pasado. Fue un éxodo desordenado en que apenas ninguno fue detenido. Las autoridades se limitaban a identificarlos, y no dejaron claro cuál sería el destino de todos esos mineros, muchos de ellos peligrosamente armados y con conexiones con organizaciones criminales.

La organización yanomami Hutukara asegura que el 80% de los garimpeiros se fueron en los primeros meses, pero que en el segundo semestre, hubo un "retorno masivo". Las pistas de aterrizaje abiertas en medio de la selva para las avionetas que salen volando con el oro fueron destruidas en buena parte por los militares brasileños, pero muchas ya han sido recuperadas. Los indígenas denuncian que ahora los garimpeiros se han desplazado a otras zonas, trabajan en turnos de noche para esquivar las operaciones de control y cuentan con la protección de hombres armados.

La minería ilegal en tierra yanomami sigue creciendo, pero se nota que el ambiente es más hostil para los delincuentes que en los tiempos de Jair Bolsonaro en la Presidencia. En los últimos años el área afectada aumentaba una media de un 40% cada año. En 2023, el garimpo siguió creciendo, pero menos, un 7%. Ya son más de 5.400 hectáreas totalmente destruidas por la búsqueda de oro, según consta en un detallado informe realizado por las asociaciones indígenas en colaboración con Greenpeace y el Instituto Socioambiental, que han ayudado captando imágenes vía satélite.

El daño ambiental va acompañado de una grave crisis social y sanitaria. Al menos siete indígenas murieron en enfrentamientos con armas de fuego. Las expulsiones y amenazas son continuas, y los yanomami hablan de "estado de guerra". Además, 308 nativos murieron por enfermedades infecciosas, parasitarias y respiratorias relacionadas con el contacto con los no indígenas. Debido a la continua sensación de inseguridad que se vive en las aldeas, los profesionales sanitarios que el Gobierno envió se niegan a visitar las zonas más peligrosas, que quedan totalmente desatendidas. En una región llamada Xitei, donde viven más de 2.000 personas, menos del 2% de los bebés menores de un año han podido ser vacunados. Aquí, al menos 12 niños menores de cinco años murieron el año pasado, cinco por neumonía.

Uno de los principales problemas por resolver es qué hacer con esos miles de mineros y cómo atajar las cadenas de explotación de oro. El líder indígena Davi Kopenawa, pedía más firmeza en un video dirigido a las autoridades brasileñas: "Hay que meterlos en la cárcel para que aprendan a respetar. Falta eso (...) no hay que tomar al garimpeiro que está haciendo daño a nuestra madre Tierra y llevarlo a su casa, porque después vuelve a derribar la selva y a ensuciar el agua. Las máquinas lo destruyen todo", lamentaba.

El Gobierno, por su parte, asume que falta mucho por hacer, pero promete seguir invirtiendo en la región. Hace dos semanas una comitiva encabezada por la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, visitó el territorio yanomami y constató que los esfuerzos hasta ahora fueron insuficientes para expulsar a todos los mineros furtivos. El presidente Lula determinó que las medidas de emergencia que se tomaron el año pasado ante la crisis humanitaria se conviertan en permanentes, con la presencia constante de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. A lo largo de este año, se prevé gastar 1.200 millones de reales (más de 240 millones de dólares).

El año pasado, las autoridades se afanaron en destruir el material de los garimpeiros que iban encontrando a su paso. Prender fuego a los equipamientos colocados en medio de la selva de forma ilegal es la práctica más habitual, ante las dificultades de desplazarlos. Se destruyeron 39 avionetas, 550 motores, 88 balsas, 52 barcos y más de 5.000 metros de mangueras de extracción, lo que da una idea del tamaño del problema. Aun así, los garimpeiros siguen en la zona. Muchos se desplazaban temporalmente a Venezuela cuando los agentes iban estrechando el cerco, y volvían a Brasil poco después.

La asfixia económica es la vía más discreta pero más efectiva para erradicar el problema de raíz. Según la Policía Federal, en esas acciones de vigilancia fueron bloqueados o confiscados bienes por valor de más de 589 millones de reales (118 millones de dólares) y además se pusieron más de 60,3 millones de reales en multas (12,1 millones de dólares). También hay 387 investigaciones en curso, incluyendo algunas centradas en los grandes patrocinadores del comercio ilegal de oro, con el objetivo de llegar a los mayores financiadores, que, a buen seguro, están muy lejos de la selva.

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